Foto: EFEMartes, 18 de septiembre de 2007. En España no existe división de poderes porque el ejecutivo y el judicial son hermanos siameses unidos por la cabeza. Es triste comprobar que en altas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial la sentencia la dictan los colores políticos. Progresistas y conservadores, unos al frente de los otros en la mesa oval, dos visiones distintas de la jugada y juicios de valor relativos. Por no hablar de la relación del Fiscal General del Estado con el Gobierno central, o mejor, con el partido político que en cada legislatura ocupa el Gobierno central, que no es lo mismo.
Mientras la independencia entre el poder ejecutivo y el judicial sea una quimera, un capítulo más de "La vida es sueño", la verdad y el bien serán absolutos demasiado maleables: la entrega del libelo de repudio a la confianza. Y sin confianza en las instituciones políticas y judiciales, el progreso no será nada fácil porque los intereses personales tendrán más relevancia que el bien común. Cada cual acercará el ascua a sus sardinas, mientras que los ciudadanos de a pie nos tendremos que contentar con aprovechar las migajas que caen desde la mesa, como los perros.
La división de poderes requiere una operación de alto riesgo para separar las cabezas siamesas. No podemos seguir tropezando en el error de que sean los partidos políticos los que elijan a los miembros del órgano de gobierno judicial.
López Garrido ha criticado que el PP utilice a los jueces como longa manus. Su campaña estridente para la renovación de los miembros del CGPJ, a estas alturas, no deja de tener un cariz inquietante y burdo. Quieren dejar la Moncloa con las togas en su sitio. No quiero ni pensar cómo sería la cosa si el PSOE y los nacionalistas tuvieran mayoría en el organismo que preside Hernando. Después del intervencionismo económico (OPAs amañadas con participación estatal), moral (clases de Ciudadanía secundum De la Vega) y social (uniones homosexuales), si los chicos de Zapatero se hacen con la justicia entonces se consumará el nuevo régimen...
Mientras la independencia entre el poder ejecutivo y el judicial sea una quimera, un capítulo más de "La vida es sueño", la verdad y el bien serán absolutos demasiado maleables: la entrega del libelo de repudio a la confianza. Y sin confianza en las instituciones políticas y judiciales, el progreso no será nada fácil porque los intereses personales tendrán más relevancia que el bien común. Cada cual acercará el ascua a sus sardinas, mientras que los ciudadanos de a pie nos tendremos que contentar con aprovechar las migajas que caen desde la mesa, como los perros.
La división de poderes requiere una operación de alto riesgo para separar las cabezas siamesas. No podemos seguir tropezando en el error de que sean los partidos políticos los que elijan a los miembros del órgano de gobierno judicial.
López Garrido ha criticado que el PP utilice a los jueces como longa manus. Su campaña estridente para la renovación de los miembros del CGPJ, a estas alturas, no deja de tener un cariz inquietante y burdo. Quieren dejar la Moncloa con las togas en su sitio. No quiero ni pensar cómo sería la cosa si el PSOE y los nacionalistas tuvieran mayoría en el organismo que preside Hernando. Después del intervencionismo económico (OPAs amañadas con participación estatal), moral (clases de Ciudadanía secundum De la Vega) y social (uniones homosexuales), si los chicos de Zapatero se hacen con la justicia entonces se consumará el nuevo régimen...
